¿Y SI PENSAMOS UN RATITO EN LA GOBERNABILIDAD?

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Por: Abraham Rivas Lombardi

 

El quinquenio de incesantes enfrentamientos políticos que viene padeciendo el Perú desde la toma de posesión del presidente Kuczynski en 2016, no ha cesado con la juramentación del presidente Castillo, por el contrario, parece prolongarse y revitalizarse atizado por las profundas heridas dejadas por la campaña electoral, la tragedia sanitaria del COVID-19 y la creciente irritación social fruto de la múltiple crisis ética, política y económica que asola al Perú de 2021. Sin embargo, en medio de discursos cada vez más afiebrados y del hartazgo social colectivo, una pregunta cae de madura: ¿Alguien está pensando en la gobernabilidad del país?.

Se atribuye a Talleyrand, canciller de Napoleón Bonaparte, advertir al Emperador: Sire, con las bayonetas todo es posible, menos sentarse encima, para reprocharle la ausencia de un proyecto político para Francia luego de sus victorias en Europa. Traída la anécdota al presente, ¿Cuánto más puede soportar el Perú los conflictos políticos sin perfilarse una salida a la endémica crisis que afrontamos?. Estas dos entregas proponen algunas acciones que pueden coadyuvar a encausar al país hacia la gobernabilidad.

Nuestro país tiene histórica y constitucionalmente una forma de gobierno semipresidencial o semiparlamentaria, con elementos combinados de ambos regímenes, por eso tenemos un Presidente del Consejo de Ministros, voto de investidura, estación de preguntas, interpelaciones, censuras, cuestión de confianza, disolución de la cámara, entre otros. Así, la dinámica del ejercicio del poder está diseñada para una recurrente coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El permanente y fratricida choque que comenzó en 2016 entre Gobierno-Parlamento ¡Es anormal!, está reñido contra las líneas maestras de nuestro sistema democrático.

Carlos Ferrero, primer ministro de Toledo y Jorge del Castillo, premier de García II, demostraron que la relación Ejecutivo-Legislativo podía funcionar, sin perjuicio de las puyas políticas propias del libre ejercicio democrático. Con presidentes seriamente cuestionados como los antes mencionados, jamás estuvo en riesgo la gobernabilidad y mucho menos la estabilidad democrática, como lo están ahora. Por lo tanto, una interrogante es clave: ¿Por qué los líderes de la oposición no pueden integrar el Parlamento y le echamos una mano a la gobernabilidad?.

La prohibición nace del Artículo 90° de la Constitución y fue un mezquino candado impuesto en 1993 por la mayoría fujimorista para impedir que los candidatos presidenciales y casi siempre líderes de los partidos opositores, integraran el Parlamento y lograran exposición mediática, contraviniendo el precedente constitucional de la Carta Magna de 1979. Sin congruencia alguna, los candidatos a vicepresidente sí pueden integrar el legislativo. Si estamos en una forma de gobierno semiparlamentario, ¿Por qué los jefes de los partidos políticos no pueden liderar a sus bancadas desde el Congreso?.

Lo lamentable es que tras la restauración democrática de 2001, los sucesivos Parlamentos no modificaron esta ruin disposición, acaso si más interesados en eliminar rivales políticos que en la gobernabilidad del país. En una democracia representativa, es el Congreso el escenario natural donde se desarrollan los debates político-programáticos, se alcanzan los consensos que el quehacer nacional reclama y se producen las normas legales que van a orientar la gestión pública. Los líderes de los partidos políticos representados en el Parlamento deben tener la posibilidad de postular al legislativo y participar activamente en el debate parlamentario, por ende, la reforma del Artículo 90° es imperiosa.

Un segundo tema es el denominado voto de investidura establecido en el Artículo 130° de la Constitución. Esta fue una incorporación de la mayoría fujimorista de 1993 que no tenía precedente, pues durante nuestra historia constitucional el Consejo de Ministros nunca requirió del voto de confianza del Congreso para funcionar, bastaba el nombramiento presidencial. Justificaron el voto de investidura señalando que teníamos un sistema semiparlamentario, pero erróneamente usaron una institución que corresponde a la forma de gobierno parlamentario puro, ignorando que nuestro sistema es también semipresidencial. Claro, como el fujimorismo era mayoría en los años noventa, nunca pensaron el embrollo que creaban cuando el partido de gobierno NO tuviera la mayoría parlamentaria.

El resultado de la introducción de esa figura en la Constitución lo estamos padeciendo hace varios años, especialmente desde 2011 cuando los sucesivos gobiernos no obtuvieron la mayoría y, paralelamente, los partidos políticos organizados se fueron diluyendo, reemplazados por esos clubes o franquicias electorales integrados por personas carentes de disciplina e identificación doctrinaria y programática con la agrupación política y que responden a sus propios intereses. Solo la amenaza de disolución contenida en el Artículo 134° frenó lo que pudo ser una frecuente caída de los gabinetes, hasta que el binomio de bribones Vizcarra-Del Solar se cargaron a la mayoría fujimorista con aquella canallada de la “denegatoria ficta” de la confianza (2019).

 

Con el nivel de polarización política y el fraccionamiento partidario increscendo, la obtención del voto de investidura continuará generando zozobra y enfrentamiento, distrayendo la acción de gobierno, por lo que debe ser eliminado a través de una reforma del Artículo 130°. Otras instituciones constitucionales como la interpelación y la censura del gabinete o de los ministros individualmente servirán para ejercer el control político si su actuación no satisface las expectativas de la representación nacional. (CONTINUARÁ)

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Redacción

Equipo redactor de Valor.Pe