Por: Abraham Rivas Lombardi
En tercer término, la evidencia recogida nos releva que la inestabilidad política de los sucesivos Consejos de Ministros desde el régimen de Humala (2011-2016) viene afectando seriamente la gobernabilidad del país en la última década. Gabinetes “liderados” por primeros ministros sin experiencia política o respaldo parlamentario e integrados por ministros descartables sin identificación ideológica o programática con el presidente o el premier, han terminado lastrando la gestión pública y desvinculando la acción de gobierno del cumplimiento de las políticas públicas; todo esto con el telón de fondo de una creciente insatisfacción social y corrupción administrativa casi generalizada.
Si Ud. se pregunta ¿Por qué la sensación de estancamiento en todo orden de cosas en el Perú de 2021?, por ahí está la respuesta.
En los treinta meses de Vizcarra (2018-2020) llegamos al paroxismo ministerial con la virtual destrucción de la institución del Consejo de Ministros: seis primeros ministros, cinco ministros del Interior, cuatro de Defensa y siete de Cultura, en una vorágine de quita y pon, según la dirección del viento. Como explicamos en su oportunidad, Vizcarra nunca entendió que los ministros eran los auténticos líderes de los sectores críticos, productivos y sociales dentro de un ejercicio del poder ejecutivo cada vez más complejo y especializado. Nos llenó de frágiles secretarios cuyo legado oscilaba entre la obsecuencia y la intrascendencia.
Creo que ha llegado el momento de poner término a esta mayúscula irresponsabilidad e introducir algunos elementos del régimen presidencial puro en nuestro modelo semiparlamentario y me refiero a darle estabilidad a los tres sectores ministeriales cruciales para la marcha de un aparato estatal moderno: economía, relaciones exteriores y defensa, indispensables para la marcha del Estado peruano en el mediano y largo plazo.
Desde mi punto de vista, los ministros de esas tres carteras deberían ser confirmados por la Comisión Permanente del Congreso, independientemente del voto de investidura del Consejo de Ministros y de esta manera asegurarles su permanencia en el cargo como resultado del consenso político de las fuerzas representadas en el Congreso, librándolos de los vaivenes políticos que azotan a los Gabinetes. Luego, un eventual Senado asumiría tal responsabilidad. Así, las políticas económica, exterior y de defensa de la sexta economía de América Latina – Perú – no estarían al antojo del iluminado de turno, sino alineadas con la visión de Estado que – presumo – deben tener Ejecutivo y Legislativo, de consuno con la sociedad.
En cuarto lugar, los acontecimientos que grafican al nuevo gobierno del presidente Castillo (2021), están confirmando mis apreciaciones más pesimistas respecto a nuestras clases dirigentes. La destrucción del sistema de partidos políticos desde los años noventa, el desinterés cuasi punible de los sucesivos gobiernos para capacitar a las autoridades políticas y funcionarios públicos de nivel regional y municipal, aunado al huracán de corrupción desatado por ODEBRECHT, sus hermanas OAS, Camargo -Correa, Andrade-Gutierrez, Queiroz-Galvao y sus aliadas peruanas que perforaron transversalmente a nuestras élites política, ejecutiva e intelectual, ha producido la presente situación: liderazgos débiles, desconocimiento de los asuntos públicos, mediocridad en la gestión y creciente conflictividad en desmedro del consenso.
Escuchaba hace poco una jocosa frase: “Para ser congresista basta tener 25 años y saber respirar”. Más allá de la cháchara, el comentario es real e informa el drama de la meritocracia en el Perú, donde acceder a un puesto de auxiliar administrativo o practicante es más difícil que llegar a los más altos cargos públicos en nuestro país. Es imprescindible un cambio y viendo el deliberado fracaso de los partidos políticos de exigir requisitos a sus candidatos como se los autoriza la Ley N° 28094, deben incorporarse en la Constitución Política y en la legislación electoral un conjunto de pre-requisitos a los candidatos, que garanticen experiencia profesional y trayectoria pública.
Desde mi punto de vista, para ser presidente, el postulante debería haber sido congresista, ministro, gobernador, vicegobernador, alcalde o funcionario público por veinte años. El resultado es un candidato versado en los asuntos públicos, con una carrera pública previa, como suele ocurrir en las democracias más estables de América Latina. En el caso de los congresistas, debería haber sido gobernador, vicegobernador, alcalde, regidor o funcionario público por diez años. Similares requisitos se exigirían para los aspirantes a gobernadores o alcaldes. Desterraríamos así la perniciosa cultura del “debut y despedida”: ejercicio de un solo cargo público y la desaparición de la vida política, esperando a la siguiente generación de improvisados.
Finalizo señalando que mi lógica es la siguiente: la carrera política no puede comenzar en el Palacio de Gobierno o en el Congreso, la impericia y la frivolidad de nuestros actores políticos han afectado bastante a la gobernabilidad del Perú.
