Por: Abraham Rivas Lombardi
Un presidente, José Pedro Castillo Terrones, empequeñecido por el cargo, negado para liderar y carente de las más elementales destrezas para la política y la gestión pública. Un Consejo de Ministros, ¡el cuarto en siete meses!, sin rumbo, poco competente y plagado de improvisados. Al alimón un Congreso de la República fragmentado y pletórico de novatos, donde las bancadas parlamentarias no son tales, sino aposentos para congresistas que responden a sus intereses personales, muchas veces distantes de los nacionales o los de su propio partido: ¡felicitaciones!, está Ud. conociendo a los hijos de la “Reforma Política” que la izquierda limeña y la concentración de medios periodísticos le impusieron a los políticos peruanos en las dos últimas décadas.
Me explico. En el proceso de destrucción de nuestros partidos políticos – APRA, AP, PPC, IU, DC – Fujimori dio el primer golpe (1992-2000) y la alianza izquierda limeña-medios periodísticos descargaron el tiro de gracia. Curiosamente ambos ejecutores usaron el mismo insidioso discurso: los partidos “tradicionales” estaban infestados de corrupción y eran incapaces de atender las demandas populares, por lo tanto, se necesitaban nuevos partidos políticos impolutos y que sintonizaran con el clamor ciudadano.
En realidad, Fujimori buscaba limpiar la cancha para su propio partido y la izquierda limeña abrirse un espacio político, tras prácticamente desaparecer del escenario en los años 90s. ¿El resultado?: salvo AP – una amplia y muy flexible franja que va desde liberales hasta filocomunistas – las demás agrupaciones se diluyeron, siendo reemplazadas por clubes electorales o clanes familiares sin ideología ni programa, como Perú Posible y el Partido Nacionalista que llevaron al poder a Toledo (2001) y Humala (2011), respectivamente y desaparecieron pocos años después. Algunos subsisten, como APP y Podemos Perú, condenados a difuminarse cuando sus líderes (Acuña, Luna Gálvez) finalmente tiren la toalla.
¿Cómo ocurrió?. Desde mi punto de vista y por increíble que parezca fue con la aprobación de la Ley N° 28094 (2003), Ley de Partidos Políticos[1], la primera de su género, pues hasta ese momento, los partidos políticos se habían organizado autónomamente. Esencialmente, la norma debía contener los grandes lineamientos para la actuación de los partidos, en congruencia con el Artículo 35° de la Constitución Política, limitándose a asegurar su funcionamiento democrático, la transparencia en cuanto al origen de sus recursos y el acceso gratuito a los medios de comunicación de propiedad del Estado.
Sin embargo, astutamente la alianza izquierda limeña-medios tomó el camino de la extrema reglamentación de los partidos políticos y un interminable desfile de “opinólogos” y “académicos” coadyuvó a fijar la idea en la opinión pública a partir de 2003. Un detalle clave pasó inadvertido: casi ninguno de estos pseudo gurúes habían siquiera pisado un partido político antes. Metafóricamente, un abogado realizaría cirugía de cadera a un paciente.
Sucedió entonces que la Ley N° 28094, excediendo el espíritu y texto constitucional, sobrereguló a las instituciones partidarias, limitando férreamente su autonomía, vicio acentuado con las Leyes N°s. 28711, 29490, 30326, 30414, 30673, 30689, 30995 y 30998, todas destinadas a controlar cada vez más estrictamente la organización de los partidos políticos, debilitando sus liderazgos, entrometiéndose en sus procesos internos o controlando sus recursos. Los derechos constitucionales a elegir y ser elegido y de participación política – Arts. 2°, inc. 17, 31° y 35° – han cedido ante una vorágine de “tramitología”.
Otro efecto pernicioso de la actual legislación fue que empoderó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hoy convertido en supremo rector de la existencia y funcionamiento de los partidos políticos, a través de su brazo ejecutor: el temible Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Ahora para partidos y ciudadanos en general lograr la inscripción en los diferentes procesos electorales, ha dejado de ser un procedimiento razonable de registro de candidaturas, convirtiéndose en un serio recorte al ejercicio del derecho constitucional de elegir y ser elegido.
Hemos llegado al exceso de excluir de las presidenciales de 2016 a Guzmán (17%) y Acuña (4%), por deficiencias en la “democracia interna” y por regalar dinero a un mercado, respectivamente; en tanto que a Cillóniz (2020) lo relegaron del Congreso por no declarar un automóvil que finalmente no le pertenecía. Peor aún el caso de la lista parlamentaria de Lima del PPC, eliminada por absolver unas observaciones dentro del plazo, pero fuera de “horas hábiles”, cuando el Reglamento Electoral no establecía hora límite por tratarse de una inscripción virtual. Así, cientos de ejemplos. Lo que pudo resolverse con multas de cancelación perentoria, se ha convertido en una agresión a los derechos ciudadanos.
También tenemos otro conjunto de medidas inconexas que respondieron más al interés de los gobernantes de turno (Toledo, Humala, Vizcarra) que a la institucionalización de los partidos políticos, como la no reelección de gobernadores y alcaldes y luego de congresistas, la no re-creación del Senado de la República o la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Cada cuatro o cinco años – según el cargo – tenemos una nueva hornada de autoridades, mayoritariamente improvisada, con control sobre el destino de millones de millones del Presupuesto Público. ¿Alguien dijo corrupción?.
Hasta aquí una pregunta es crucial: después de 18 años… ¿El nuevo marco jurídico permitió la existencia de mejores partidos?, obviamente que no, los clubes electorales o clanes familiares que vemos hoy, no son partidos políticos, aunque la prensa persista denominarlos así. Un dato interesante: de los once partidos representados en el Congreso 2001-2006 que aprobaron la Ley N° 28094, solo subsisten tres, AP, Somos Perú y los fujimoristas, ahora Fuerza Popular. Los demás desaparecieron de la escena.
Entonces, si la ausencia de reglas sirvió poco, el exceso de éstas no sirvió para nada, porque en el Perú de 2022 no hay sistema de partidos. Ahí puede encontrar Ud. la respuesta a la presencia en la política nacional de Castillo, los Cerrón, “Pinturita”, Aníbal Torres, Betssy Chávez, “los niños” de AP y un largo etcétera.
¿Qué hacer?, no me voy con rodeos, hay que desregular a los partidos políticos, siguiendo el espíritu y texto del Artículo 35° de la Constitución. Permitir su organización autónoma a efectos que puedan construir sus liderazgos y estructurar sus escalones generacionales o regionales. Al líder fuerte deben seguirle otros líderes menores que mantendrán la competencia interna y en su momento asumirán el liderazgo partidario. Así, pasó con el APRA, el PPC y el auténtico AP, no la oscura mazamorra del presente (¡Pobres Belaúnde, Alva Orlandini o Schwalb!).
Luego, tenemos que liberalizar las reglas electorales para priorizar el derecho de participación política por encima del sueldo de los funcionarios del JNE, ROP, ONPE o de las consultorías de los “opinólogos”. Un listado básico de requisitos puestos en la misma Ley de Organizaciones Políticas, impedirá que vía reglamentos retornemos a la perjudicial “tramitología” que está ahorcando al fallido sistema de partidos.
Finalmente, la asignación de los fondos públicos no debe limitarse a los partidos políticos representados en el Congreso, sino a los que tienen por lo menos representación regional, porque los partidos tienen que ser auténticamente nacionales; corrigiendo lo que está ocurriendo ahora donde un partido limeño se alía oficiosamente con movimientos sub-nacionales sin compromisos políticos, programáticos, éticos, etc. sobre la mesa. Respecto a esta materia, la fiscalización de la ONPE o del MEF – sería lo más saludable – debería circunscribirse al 75% de los recursos públicos transferidos, dejando para la administración autónoma de los partidos el 25% restante, bajo responsabilidad civil y penal indelegable de tres personas: el presidente, secretario general y el tesorero. No habría más Coqui Toledo o Ilan Heredia.
De la simple revisión de la historia política reciente del Perú, tenemos que la época de “oro” de los partidos políticos fue entre 1978 y 1983, con AP, APRA, PPC y la izquierda en plena ebullición, así que nada perderíamos en dar algunos pasos buscando evocar aquel contexto.
[1] Pomposamente rebautizada ahora como “Ley de Organizaciones Políticas”.
