Por: Abraham Rivas Lombardi
Traigo del recuerdo el título de la celebrada novela de 1965 del escritor y profesor Oswaldo Reynoso (+), para graficar el desafortunado resultado de las elecciones regionales y municipales (subnacionales) del pasado 02 de Octubre de 2022. Desafortunado para nuestra democracia. Fragmentación política extrema, partidos políticos “nacionales” minimizados, movimientos regionales y municipales de vigencia transitoria ganando la mayoría de las circunscripciones, en suma, un flashback de lo que viene sucediendo en nuestro país desde los comicios subnacionales de 2006, agudizado en 2010, 2014 y 2018. El Perú ad portas de otro cuatrienio perdido.
Ocurre que estupefactos por la catarata de informaciones sobre la corrupción generalizada en el entorno presidencial de Pedro Castillo Terrones, compendiada ahora en la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación ante el Congreso de la República; casi hemos olvidado que los candidatos recientemente electos administrarán a partir del próximo 01 de Enero alrededor del treinticinco por ciento (35%) del Presupuesto del Sector Público del año 2023[1], repartido en S/ 42,300 millones para los Gobiernos Regionales y S/ 29,800 millones para los Gobiernos Locales, con S/ 12,600 millones para gasto de capital en el caso de las Regiones y S/ 14,200 millones para las Municipalidades. En suma, “plata como cancha”.
Ahora vamos a lo que motiva esta opinión. Comienzo por rescatar a aquellos candidatos que pese a la maraña legislativa en que ha devenido la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y al obsesivo formalismo del JNE y la ONPE – desde mi punto de vista violatorio del derecho constitucional a elegir y ser elegido – han logrado ganar las elecciones, inspirados en genuina vocación de servicio a su comunidad y en el ejercicio de su legítima aspiración política. Lamentablemente serán los menos.
Si algo ha sido denominador común con las autoridades regionales y municipales electas a partir de 2002 – sin distingo político – es, primero, su recurrente vinculación con actos de corrupción, lo que ha llevado a cientos de ellos a investigaciones fiscales, acusaciones, juicios y no pocas condenas; y, segundo, la ineficacia en la gestión de sus gobiernos subnacionales, lo que refuerza la posición de aquellos que creen que debe repensarse el proceso de descentralización.
En el primer caso, la data de la corrupción a nivel subnacional es espeluznante. Entre Enero de 2003[2] y Mayo de 2018, la Procuraduría Pública Anticorrupción reportó un total de 2059 autoridades subnacionales procesadas (juicio) o condenadas, comprendiendo a 57 gobernadores y ex gobernadores, 344 alcaldes y ex alcaldes provinciales y 1658 alcaldes y ex alcaldes distritales[3]. Esta data no incluye las investigaciones fiscales, preliminares y preparatorias en curso a dicha fecha. Si uno revisa las cifras encontramos que cada “promoción” de autoridades subnacionales resultó peor que la anterior.
Respecto de los 25 gobernadores electos en 2018, nada menos que 21 (84%) tienen abiertas investigaciones fiscales por delitos de corrupción de funcionarios y 8 ya no ejercen el cargo: suspensión por sentencias condenatorias (Junín y Puno), prófugos (Huánuco y Tumbes) o con prisión preventiva (Áncash, Arequipa, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali)[4]. De los gobernadores aun en funciones, el “ranking” lo encabeza el gobernador de Pasco con 62 investigaciones fiscales, seguido de cerca por el gobernador de Loreto con 60 carpetas fiscales y el de Apurímac con 35 investigaciones. Un podio poco honorable.
Lo truculento de esta historia es que el 02 de Octubre pasado, fueron electos gobernadores para el período 2023-2026 nada menos que 13 candidatos que tienen investigaciones fiscales abiertas por delitos de corrupción de funcionarios (La Libertad, Ayacucho, Madre de Dios, Ucayali, Tacna, Junín, Apurímac, Huánuco, San Martín, Loreto, Arequipa, Ica y Tumbes)[5], con alto riesgo de no terminar sus gestiones al igual que sus predecesores del cuatrienio que finaliza. El caso más inaudito es el de Torres Robledo, virtual gobernador de Tacna, que no votó por estar con arresto (prisión) domiciliario y que cuenta con 7 investigaciones fiscales en curso por presunta corrupción. Cosas de nuestra democracia.
Estos caballeros pasarán a gestionar los S/ 42,300 millones, que el Presupuesto del Sector Público para el 2023 asigna a los Gobiernos Regionales. En el nivel de los Gobiernos Locales el escenario es penosamente similar, con el agravante que la acción de la justicia se ralentiza por la gran cantidad de Municipalidades, que desborda la capacidad de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y del Poder Judicial, con sus presupuestos deliberadamente mermados.
El otro gran problema es la ineficacia en la gestión a nivel regional y municipal, lo que genera un perjuicio ya no solo moral, sino en la propia calidad de vida de los peruanos. Dejemos de lado la ejecución presupuestal anual, porque disfraza de aceptable ejecución el masivo gasto corriente, que asciende aproximadamente al 70% a nivel de Gobiernos Regionales y al 51% a nivel de Municipalidades, para el año 2023. Vamos al gasto en inversión pública (transportes, educación, saneamiento, agropecuaria), el que realmente impacta en las condiciones de vida de la población y que supuestamente justifica la existencia de los gobiernos subnacionales. Para eso se echó a andar el proceso de descentralización en 2002.
A nivel regional, la ejecución en inversión pública ha sido de 70% (2016), 62.5% (2017), 54.9% (2018), 57.6% (2019), 65% (2020) y 71.5% (2021); en tanto que a nivel municipal fue de 64.3% (2016), 60.1% (2017), 63.6% (2018), 59.5% (2019), 51.7% (2020) y 63.4% (2021). En promedio, entre 2016 y 2021, de cada S/ 100 no se han ejecutado S/ 36.4 (Regiones) y S/ 39.6 (Municipalidades)[6]. En un país cuyas carencias de infraestructura y servicios en los ámbitos andinos y de selva son apremiantes, esto es agraviante.
En el presente año, último del cuatrienio 2019-2022, las proyecciones no son mejores. Al terminar el primer semestre de 2022, a nivel municipal la ejecución de inversión pública asciende a solo el 28%, en tanto que a nivel regional fue del 24%[7], aun más mediocres que en años anteriores. Al no haber reelección inmediata, es evidente el escaso interés de gobernadores y alcaldes salientes por mejorar su ejecución en inversión pública.
Este desolador panorama espera a las autoridades electas… pero, hay más… (Continuará)
[1] Según el Proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Congreso de la República en Agosto de 2022.
[2] Instalación de los primeros gobiernos regionales.
[3] Fuente: “La corrupción en los Gobiernos Regionales y Locales” – Informe Temático de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Lima, 2018.
[4] Fuente: Ojo-público.com con información del Centro Líber.
[5] Fuente: Ojo-público.com
[6] Fuente: “Reporte de eficacia del gasto público – Resultados 2021” – COMEX PERÚ, Sociedad de Comercio Exterior del Perú.
[7] Fuente: “Reporte de eficacia del gasto público – Resultados al primer semestre 2022” – COMEX PERÚ, Sociedad de Comercio Exterior del Perú.
