Por: Fernando Bernabé Rocca[1]

Resumen: Este articulo tiene como objetivo mostrar el nacimiento del movimiento de lenguaje claro en Argentina y su estado de desarrollo actual. Para ello, se realizará una breve descripción acerca de la importancia del lenguaje claro en las políticas públicas, poniendo énfasis en tres procesos que se desarrollan de manera simultánea:  1) la instalación del lenguaje claro en la agenda pública; 2) el desarrollo del marco normativo; y 3) la institucionalización del lenguaje claro en nuestro país. Dentro de este último, se encuentra el Observatorio del Lenguaje Claro. Finalmente, se describirán los trabajos realizados por el grupo de Administración Pública del Observatorio de Lenguaje Claro.

1. Introducción

Las iniciativas para clarificar el lenguaje en el marco de las políticas públicas son fundamentales para la transparencia, el acceso a la información y a las instituciones, la generación de confianza, la cocreación público-privada, la mejora regulatoria, la reducción de trámites y la rendición de cuentas. La técnica de lenguaje claro, en los hechos, aporta al modelo de Gobierno Abierto.

En el año 2017, la Plain Language Federation (Plain) definió así al lenguaje claro: “Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información”. Por ello se habla de “poner en el centro al ciudadano” y de contribuir a hacer eficiente la acción del Estado, ya que la información debe encontrarse, comprenderse y cumplir su cometido que es resultar útil.

El objetivo de desarrollo sustentable (ODS) 16 para el 2030, elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), postula “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”. En sus apartados 16.10 alerta sobre el “Acceso a reglas claras y entendibles” y en el 16.16 recomienda construir “Instituciones eficaces y transparentes”. El lenguaje claro, entonces, puede colaborar en el cumplimiento de estrategias supranacionales.

Además, el lenguaje claro es una necesidad porque existe un lenguaje oscuro, críptico y excluyente que luce diferentes ropajes y avanza por distintos canales. Ese lenguaje patológico no es casual ni inocente: aparece en los contratos de adhesión que, confiados o resignados, firmamos con un banco, una telefónica o una distribuidora eléctrica, validando, de ese modo, una enorme asimetría en las relaciones de consumo; surge en la sentencia escrita con expresiones barrocas que, luego de ser leída, hace que el imputado pregunte a su abogado: “Doctor, ¿ganamos o perdimos?”; anida en los formularios de ayuda social que los beneficiarios no pueden completar, por inentendibles, provocando un formidable dispendio de recursos públicos cuando las partidas presupuestarias no se ejecutan en su totalidad.

El lenguaje claro es, entonces, un vehículo para materializar el derecho a comprender, y asumirlo por parte del Estado constituye una obligación. El lenguaje claro empodera a la ciudadanía tanto le permite comprender sin dificultad las normas que rigen en el estado de derecho. Y es, asimismo, una obligación que hace más eficiente la acción de los gobiernos porque deben comunicar sus decisiones al ciudadano en un lenguaje que le resulte accesible.

Desde una perspectiva práctica, el lenguaje claro es una herramienta que nos lleva a vencer paradigmas propios y ajenos, a revisar la formación académica recibida y a repensar la forma en la que nos comunicamos. La sentencia, la ley, el informe, la solicitud, el proyecto o cualquier otro documento del quehacer diario de la burocracia no poseen atributos divinos y por ello no constituye una herejía querer mejorarlos para lograr una mayor empatía con la ciudadanía.

Por todo lo dicho, entendemos que la primera decisión que debemos tomar es considerar al lenguaje claro como herramienta de mejora de nuestra calidad democrática.

2. Agendar, normar e institucionalizar: una política pública con tres procesos en desarrollo simultáneo

• Instalar en la agenda

En octubre de 2017, el Senado de la Nación Argentina organizó el “I Seminario Internacional de Lenguaje Claro”. Allí se dieron cita distintas autoridades y referentes, congregándose a más de 300 asistentes. Cristina Carretero, de España, nos entusiasmó con la experiencia española y Claudia Poblete (una suerte de madrina latinoamericana del lenguaje claro) nos mostró el camino que venía marcando la Red del Lenguaje Claro de Chile. Bajo la inspiración de la experiencia vecina, nació la Red de Lenguaje Claro Argentina (ReLCA) como iniciativa conjunta entre el Senado de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Cabe señalar que, a partir de ese hito, hace casi cinco años el lenguaje claro comenzó a instalarse en la agenda de los poderes públicos.

En sintonía con esta iniciativa, aparece un segundo proceso, que es el inicio del marco normativo. El Gobierno nacional dictó el noviembre del 2017 el decreto 891/2017 (BO, 02/11/2017) que establece que las normas y regulaciones que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión.

En consonancia con esto, la ReLCA se propuso promover el desarrollo del lenguaje claro en las comunicaciones del Estado en sus diversas formas. De la mano de generosos aliados como la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y la oficina argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la prédica se expandió por toda la geografía nacional. En la difusión resultaron determinantes el convenio con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También adhirieron a la red la Federación Argentina de la Magistratura y el Foro Nacional de Consejos de la Magistratura, así como distintos cuerpos legislativos, dependencias de los poderes ejecutivos nacional, provinciales y locales, organizaciones de la sociedad civil y universidades.

La primera decisión trascendente de la ReLCA fue crear un Comité Técnico, a cargo de la experta Mariana Bozetti, para guiar la evolución y difusión del buen arte del lenguaje claro. Junto a Javier Herrera Bravo y Silvia Iacopetti, como responsables por cada organismo integrante de la Red, impulsamos una acción sostenida y coherente. Quienes lo hicieron posible fueron las personas que integraron la Red como profesionales, en su rol académico o funcionarios/as que aportaron su convicción y su pasión; en su doble rol: circunstancial de servicio público y permanente como integrantes de la sociedad. En los encuentros periódicos se fue cohesionando un crisol de perfiles heterogéneos que enriqueció el abordaje: abogados/as, lingüistas, profesionales de la comunicación y del diseño, especialistas en informática y en el arte de la traducción.

Si la intención era colocar a las personas destinatarias en el centro de nuestro mensaje –el concepto clave del lenguaje claro– debíamos recurrir a nuestra experiencia. La propia como parte del cuerpo social y la de la organización en la que nos desempeñamos. El cimiento para empezar a construir surgió diáfano: nuestro denominador común es que integramos ese cuerpo social todo el tiempo. Al menos una vez, tuvimos una experiencia frustrante al no comprender un acto estatal o la comunicación de una empresa. ¿Alguien lee la letra chica, por ejemplo, de un contrato de préstamo bancario o la adhesión a un servicio disponible en la internet?

Teníamos que decidirnos a romper la inercia: ese fue nuestro desafío fundacional. Y no consideramos excusa válida la falta de recursos presupuestarios, ya que el principal recurso estratégico somos nosotros mismos. Afirmamos así que el lenguaje claro se distingue porque la acción individual produce un efecto significativo.

En el desarrollo de la ReLCA aplicamos la estrategia de red de redes. Se organizaron expresiones locales en Mendoza y CABA, cultivamos la relación entre pares, con intercambio virtuoso de experiencias e iniciativas y generamos una “comunidad de aprendizaje” que puso en valor el trabajo de muchos colegas que no gozaban de la visibilidad del conjunto.

En esa línea de acción, algunos hitos del sendero nos permitieron ayudar a dar a conocer esas contribuciones: trabajos de investigación sobre la experiencia del ciudadano/a en su rol de jurado en la provincia de Córdoba; la confección de glosarios jurídicos en lenguaje claro en CABA; el cambio en la estructura y el contenido de las sentencias por jueces nacionales; la creación de una oficina de asesoramiento para lograr leyes más claras en el Senado de la Nación; y la concreción de los principios de justicia abierta encarada por la Dra. Lorena Tula de Moral en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de CABA. Además, realizamos reuniones con los poderes judiciales y magistrados en la que encontramos predisposición y entusiasmo para escuchar nuestras inquietudes y propuestas.

A medida que avanza en su carrera, quien estudia Derecho incorpora una determinada forma de comunicarse; forma que solo se dirige a personas entendidas y que resulta de difícil comprensión para el lego. Con el liderazgo de Martín Böhmer y el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho hicimos nuestro pequeño aporte en actualizar la formación de los/as futuros/as profesionales. Contribuimos a “decodificar”, en palabras del Dr. Böhmer, la enseñanza e incorporar el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades. En esa senda, las universidades nacionales de Tucumán y del Sur (con sede en Bahía Blanca) y la Universidad Austral incorporaron en carreras de grado y posgrado los principios y prácticas de lenguaje claro.

Hacia fines de 2019, al cabo de poco más de dos años de actividad de la ReLCA, el lenguaje claro estaba instalado en la agenda de trabajo de los poderes públicos en el país. En la actualidad ese proceso se sigue desarrollando en las distintas latitudes de la República Argentina.

• Afianzamiento del marco normativo

Como corolario de toda la actividad desplegada por la ReLCA, fuimos observando con satisfacción que la rueda ya giraba sola: empezó a crecer el marco normativo.

En octubre de 2020, la provincia de Buenos Aires sancionó la ley 15.184 (BO, 07/10/2020) de Lenguaje Claro, con autoría de la diputada Laura Aprile. En diciembre, hizo lo mismo la CABA, con la sanción de Ley 6367 (BO, 18/12/2020). Ambas normas establecen la obligatoriedad del lenguaje claro en sus esquemas de comunicación, publicación e información pública.

En la provincia de Entre Ríos, la ley 10.974 (BO, 23/05/2022) modifica el  Código Procesal Penal de la provincia y dispone: “En la medida de que la complejidad del caso lo permita, la sentencia será redactada en un lenguaje claro y sencillo, que permita su comprensión por la mayor cantidad de personas posibles”.

En este mismo sentido, recientemente la provincia de Misiones aprobó la ley IV-96 (BO, 30/06/2022) que tiene por objeto establecer que las sentencias del Poder Judicial de la Provincia se redacten de una manera comprensible. El art. 2ª dispone:

Las sentencias emanadas del Poder Judicial de la Provincia, de acuerdo a la naturaleza del proceso y los sujetos que participan de aquel, deben contener un apartado en el cual el juez se dirige a las partes a través de un texto personalizado, con lenguaje coloquial, simple, breve y directo; a fin de facilitar la comprensión del alcance de la resolución, los derechos y obligaciones que de ella emanan y las consecuencias que de aquellas derivan.

Varios proyectos de ley en legislaturas provinciales están en desarrollo, aunque seguramente existen otras expresiones en distintos ámbitos que todavía desconocemos.

Asimismo, los principios del lenguaje claro se comenzaron a aplicar en distintos poderes judiciales provinciales. En Formosa, se publicó una Guía de Lenguaje Claro; en Córdoba se creó el Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil, coordinado por el Dr. Leonardo Altamirano; y en Jujuy se creó el Departamento de Políticas Lingüísticas. La provincia de Tierra del Fuego aprobó pautas de redacción para incorporar el lenguaje claro en la totalidad de los procedimientos. En mayo de este año se aprobó la Guía de Acceso Claro en la Justicia en la provincia del Chaco y en junio las Pautas de Redacción de Lenguaje Claro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa

Se trata entonces de dos procesos que se superponen y, a la vez, siguen su propio curso: la continua instalación en la agenda y el afianzamiento del marco normativo. Sin embargo, existen jurisdicciones en las que no se ha identificado ningún proceso de elaboración normativa. Es decir, que aún existe trabajo por recorrer en este sentido.

• La institucionalización

El impulso y la convicción de quienes empezamos y quienes se fueron sumando ha encontrado un nuevo cauce. La comunidad de práctica y aprendizaje del lenguaje claro en la Argentina posee un nuevo ámbito de desarrollo.

Por iniciativa del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Dr. Juan Pablo Más Vélez, se creó el Observatorio de Lenguaje Claro en la Facultad de Derecho de la UBA (resolución D 7616/2021). Fue inaugurado oficialmente el 27 de mayo de 2021. Su directora académica es la Dra. María Lorena Tula del Moral y el Consejo Académico Consultivo está integrado por María del Carmen Battaini, Mariana Bozetti, Joanna Richardson, Sergio Torres, Martín Böhmer, Kevin Lehmann y Juan Pedro Tunessi. Son referentes indiscutibles que han contribuido de manera sustancial al desarrollo de la perspectiva del lenguaje claro en los ámbitos judiciales, administrativos, legislativos y académicos.

El Observatorio está conformado por grupos de trabajo que abordan distintas líneas de acción e investigación, y está abierto a toda persona interesada en participar. Actualmente, los grupos de trabajo están divididos temáticamente en: discurso jurídico; justicia abierta; comunicación con niñas, niños y adolescentes; género; tecnología; juicio por jurados; lectura fácil, relaciones de consumo y administración pública. Cada uno de estos grupos es interdisciplinario, lo cual resulta fundamental para la implementación del lenguaje claro en el ámbito jurídico.

Como hemos descrito en este trabajo, a través del trabajo de la RelCA logramos poner en agenda el lenguaje claro, y de manera simultánea surgió el afianzamiento del proceso normativo. En la actualidad nos encontramos ante un tercer proceso en consolidación: la creciente institucionalización del lenguaje claro. Ya existen institutos y centros que hacen un muy buen trabajo en poderes judiciales, centros de capacitación, organizaciones de la sociedad civil, distintas universidades, tanto a nivel nacional como local.

El epicentro de esta etapa es el Observatorio de Lenguaje Claro, en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Ello se da naturalmente por su conformación multidisciplinar, por la estrategia de desarrollo, el nivel profesional de sus participantes y porque forma parte de la casa de estudios más emblemática de la República Argentina con un valor simbólico y de influencia político social determinante. El Observatorio de Lenguaje Claro ha dictado cursos de capacitación a diversos organismos e instituciones que lo han solicitado. Se ha convertido en un ente consultor y referente respecto a la implementación de lenguaje claro en organismos públicos y privados.

3. Grupo de trabajo: Administración Pública

El grupo de Administración Pública desarrolla dos líneas de acción. Una es la confección de una matriz para definir prioridades de trabajo que indique cuales son las normas que tienen prioridad a la hora de redactar o traducir al lenguaje claro. Y la otra es la elaboración y mantenimiento de un cuadro que refleje la normativa, en sentido amplio, sobre el lenguaje claro de nuestro país

• Matriz

Todo el contenido que elabora un organismo público debe estar redactado en lenguaje claro. Como esto no sucede, entendemos que es útil contar con una herramienta que defina los textos que deben ser priorizados. Es decir, que nos indique qué textos deben ser redactados o traducidos a lenguaje claro.

Esta matriz tiene en cuenta dos variables:

1. la incidencia de la información jurídica en la ciudadanía; y
2. la complejidad del lenguaje utilizado.

Se ha considerado como punto de partida que tienen alto impacto en la ciudadanía los derechos que se ejercen directamente sin necesidad de intermediación alguna. Por ejemplo, los que refieren a defensa del consumidor, la de contrato de trabajo, derechos del paciente, impuestos y alquileres, entre otros.

Las principales características que se han identificado para determinar la complejidad de la información jurídica son: el uso de términos técnicos sin definiciones claras que los expliquen, la extensión de las oraciones y la complejidad de los temas abordados. En este último caso, en general se tiene en cuenta si la información o norma establece procedimientos judiciales o administrativos que requieren conocimientos jurídicos previos por parte del público destinatario (aduanero, impositivo, en procesos penales, en procesos tributarios, entre otros).

A partir de esta matriz se puede identificar qué información jurídica o normas debe tener prioridad a la hora de redactar o traducir en lenguaje claro. En la búsqueda de un mayor impacto, se debería empezar con las de mayor incidencia en la ciudadanía que tengan menos complejidad. Esta línea de acción sigue en desarrollo y el objetivo es que se convierta en un sistema online consultable y accesible para todos los organismos interesados.

• Mapa normativo

La segunda línea de trabajo que desarrolla el grupo de Administración Pública es el relevamiento de toda la normativa existente en nuestro país sobre lenguaje claro. Ello para identificar las normas, en sentido amplio, de los tres poderes del Estado que establecen o impulsan la aplicación del lenguaje claro en la redacción de textos normativos, informativos o de comunicación.

El relevamiento de esta normativa se hace de manera continua y no solo contempla los textos aprobados sino también los que se encuentran en etapa de gestación como proyectos normativos o anteproyectos de ley, entre otros. Esto permite tener un mapa actualizado de la normativa. El relevamiento de las normas aprobadas que impulsan el uso del lenguaje claro se muestra en el siguiente cuadro ordenado por jurisdicción.

Tabla 1. Cuadro normativo

Este cuadro ha disparado varias acciones. Se ha hecho un análisis comparativo entre los textos normativos existentes, identificando quienes son las personas destinatarias, cuál es su objeto, su obligatoriedad, entre otros aspectos. Asimismo, nos permite conocer la variedad de regulaciones y tratamiento en cada jurisdicción y a partir de ello elaborar estadísticas. También puede ser de gran utilidad para las jurisdicciones que aún no tengan ninguna normativa a fin de tomar alguna como punto de partida.

4. Conclusión

En nuestro país el lenguaje claro comienza a instalarse en la agenda de los poderes públicos a fines de 2017. Casi simultáneamente empiezan a aparecer normas que recomiendan su aplicación a nivel nacional y provincial y, tiempo después, nacen organizaciones que se proponen desarrollar la promoción e implementación del lenguaje claro en el ámbito público, académico y privado. En la actualidad conviven esos tres procesos: instalar en agenda el uso del lenguaje claro, crear normas para promover su uso e institucionalizar para desarrollar su implementación.

En ese marco, el Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA se constituye en un pilar del movimiento porque avanza, de manera sistemática, en distintos abordajes para demostrar las ventajas sustentables que implica adoptar esta política pública.

En particular, el grupo de estudio sobre Administración Pública pone a disposición una actualización permanente del marco normativo vigente con su respectivo análisis crítico. Por ello, entendemos que constituye un valioso insumo a fin de planear una evolución ordenada y superadora en la estrategia de la consolidación del lenguaje claro como herramienta del Gobierno Abierto.

Referencia

International Plain Language Federation. (s.f). ¿Qué es el lenguaje claro? plainlanguagenetwork.org/plain-language/que-es-el-lenguaje-claro/

[1] Ingeniero civil (UNCuyo). Magister en Políticas Públicas (Universidad Austral). Secretario Ejecutivo del Observatorio de Lenguaje Claro (Facultad de Derecho, UBA). Presidente de la Red de Lenguaje Claro Argentina (2017-2019). Director general de programas de investigación y capacitación del Senado de la Nación Argentina (2016-2019).