El Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú

Por: Edwin A. Vegas Gallo

El Acuerdo de Escazú, AE, Costa Rica, 2018, signado ya, por el gobierno Peruano en su momento, por la ex ministra del Ambiente Fabiola Muñoz; está en el estadío de ratificación por el Congreso peruano, previo a su vigencia.

Es un acuerdo jurídico en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, vinculante con el Principio 10 de la Declaración de Río 1992, en la filosofía de la sostenibilidad ambiental: “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda…”.

El AE considera tres aspectos: acceso a la información; participación pública y acceso efectivo a la justicia, para el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Es un acuerdo con disposiciones específicas para asegurar un medio ambiente sano y propicio para la defensa de los derechos humanos ambientales (Costa Rica, 2018, p.2).

Es un acuerdo “ipso iure”, de pleno derecho. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señala “una de las principales batallas del AE, será contra la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la Región”. Así en torno a su ratificación en el Congreso, han surgido voces contrarias a aquella, argumentando que el AE, afecta la “soberanía”, que es “innecesaria la participación ciudadana” o que “el poder en manos de todos no es poder, sino es caos, anarquía” o que las “ongs y las comunidades indígenas paralizarán los proyectos de desarrollo”. Nada más alejado de la certidumbre jurídica expresada en Escazú.

Esos argumentos políticos deleznables, olvidan adrede, que el verdadero sentido de la democracia es la participación ciudadana. Al respecto David Held (1997) señala, que las esferas de poder (autonomía y nautonomía), comprenden la seguridad personal, el bienestar físico y sicológico, la oportunidad de ser ciudadano activo, la preservación de la identidad cultural, participación en asociaciones cívicas, influir en la agenda económica, participación en debates y actuar sin ser amenazado. Esta esfera de autonomía, es el verdadero poder democrático ciudadano.

Caso contrario de conculcar el derecho ciudadano a su participación, se estaría fomentando la nautonomía. Citando a Held (1997:210) la nautonomía hace “referencia a cualquier pauta socialmente condicionada de perspectivas de vida asimétricas”. Caer en esa situación es desnaturalizar la esfera de la democracia con participación ciudadana.

En Perú no podemos ni debemos tener miedo a la verdadera democracia. Para fortalecer la ratificación por parte del Congreso peruano está la sentencia del pasado 6 de febrero de 2020, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina , ha sentenciado a favor de la protección al derecho humano de los indígenas al ambiente sano por sí mismo.

No está demás señalar que la pandemia C19, ha retrasado que Naciones Unidas reconozcan el derecho humano a un medio ambiente sano. Ergo, es prudente el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, ya que existen establecidos una serie de principios internacionales, recogidos en la judicatura nacional y supranacional.

Que estas discusiones no obedezcan a extraños intereses del extractivismo inmisericorde, sino más bien respondan, al bienestar social, material y espiritual, para goce de las generaciones venideras de peruanas y peruanos.

26 de julio de 2020

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